La Colombia de Kiko Gómez como la España del felipismo

Aquí en España poco se conoce del Caso de Kiko Gómez. Mi perplejidad fue mayúscula cuando se me encargó prologar un libro al respecto y me documenté sobre una historia que parece extraída del realismo mágico de García Márquez. Crónica de una muerte anunciada se me antoja simplista, genialmente simplista, ante la abominable complejidad de este trasunto magnificado, tan inverosímil en contraste con otras ficciones menos asombrosas.

Kiko Gómez medió muy activamente en la liberación de dos periodistas españoles secuestrados por delincuentes comunes en el territorio de la Guajira que él gobierna. Su empeño porque hubiese final feliz conllevó la liberación de una sobrina del juez Fernando Grande Marlaska y su compañero en el año 2013. Sin embargo, en Colombia el héroe puede convertirse en villano, del mismo modo trampeado en que a José María Ruiz-Mateos lo condenaron por linchamiento mediático en 1983 para descubrirse después que en 1997 la Justicia le exculpó de cuantos delitos se le adjudicaron para robarle estatalmente su legítimo patrimonio valorado, al día de hoy, en 18.000 millones de euros. Luego, con el botín repartido, sólo quedó silenciar la injusticia y meterla en el saco de las vergüenzas permanentes de esta España que no reconoce ni la madre que la parió, como preconizó Alfonso Guerra. Saber de la realidad, la verdadera, de las bambalinas del escenario sociopolítico español, repugna. Asimismo, conocer la realidad sociopolítica colombiana es imbuirse de un mundo aparte que, desgraciadamente, amenaza al orbe entero porque gentualla respetada hay en todos los lugares en que muchos gozan de la impunidad de sus crímenes para perjuicio de muchos más.

Nuestra actualidad en que aflora la corruptela más encubierta hasta ahora, no debería sorprender. Pujol es un honorable más en apariencia que ha ocultado la verdadera naturaleza de una gestión política como pretexto para esgrimir una corrupción que podría salpicar toda la base democrática sobre la que se asienta España desde hace cuarenta años.La confesión de Felipe González se hará esperar, seguro.No hay conciencia pero tampoco presión para que rezumen esos jugos tóxicos en que se basó su poder político.

Montesquieu argumentaba que una injusticia hecha a uno es una amenaza para todos. La expropiación delictiva de Rumasa fue esa injusticia que nos amenazó, hasta que se ejecutó el perjuicio derivado de una indolencia que hemos pagado en conjunto la ciudadanía. Algunas sociedades tienden a destrozar a sus benefactores y los anatemiza. España no difiere mucho de países como Colombia, salvo que allí se mata con la misma frecuencia con que aquí se roba de guante blanco en la inmensa dimensión del oportunismo por el poder.

En esa tesitura de violencias, lo de Colombia podría decirse que no tiene nombre pero sí una identidad política que han convertido en objetivo a través de un linchamiento mediático contra Juan Francisco Gómez, Gobernador de la Guajira, Kiko Gómez. Algunos lo definen como un demonio de la influencia del crimen más truculento y sanguinario, en tanto los ciudadanos que lo eligieron mediante las urnas defienden a ultranza su gestión y nobleza personal. ¿Qué sucede para que haya extremos tan radicales en la definición de las obras de este político de etnia wayuu?

El asesinato en Colombia es una manera de entender la divergencia política con intenciones nada disimuladas, en dispares codicias particulares que canalizan la influencia para conseguir propósitos de cariz delictivo. Pero en ese totum revolutum de terror cabe la posibilidad de la trampa tendida desde influencias sociales, por la manipulación política, que desvirtúan el trabajo imparcial de la Justicia. El Gobernador Gómez dice ser víctima inocente de un complot laberíntico y alega su derecho a ser escuchado.

Sin pruebas el juicio paralelo se ha celebrado en la prensa que lo ha condenado, estando pendiente de ser juzgado el presunto delincuente. ¿A qué nos suena eso aquí? ¿Cuánto se pagó para ejercer tan hipócrita actitud mediática tratando con falsedad el expolio delicuescente del que Felipe González, junto a muchos otros, se benefició? España empezó a parecerse a una república bananera hace mucho tiempo pero mientras se pudo lo disimularon. Hoy en día ya no hace falta engañar ante la evidencia.

El Gobernador de la Guajira podría ser culpable o inocente pero lo cierto es que se le ha linchado antes de que pudiera ser escuchado. La misma democracia que padeció Ruiz-Mateos, condenado sin juicio y sometido a la crueldad de la ignorancia pública.

Antes en España nos hubiese quedado muy lejos una percepción de corruptelas como las que predominan en Colombia, no así ahora que las vivimos los ciudadanos en las propias carnes de nuestras democráticas dolencias. Un caso como el de Kiko Gómez podría ser también posible en Venezuela; la misma Venezuela que era libre quince años antes del paso de la debacle demagógica de lo bolivariano que además de arruinar el país encarcela a los discrepantes del destrozo totalitario. El esperpento destructivo se extiende a Europa. 

España, desgraciadamente, sigue los mismos pasos que las víctimas del chavismo y no es bueno ignorar lo que sucede cuando se pretende convertir un país de raigambre cultural histórica en un abismo diario de la violencia habitual. Las raíces podridas del felipismo enraizaron hasta hacer crecer la mala hierba del zapaterismo y lo que nos llegue. En realidad, nunca hubo libertad cuando se examinan las muchas irregularidades sin punición de los presidentes que han lastrado nuestras vidas hasta desintegrarlas.

Son genios inmundos los que consiguen sus propósitos por medio del engaño delictivo, doblemente genios si además quedan impunes las añagazas como es el caso de Felipe González o Zapatero. En España no es extraño alabar al cabrito donde muchos están en desventaja procurando ser moralmente corderos. Habrá genios en el rebaño de los mansos, pero nada rentabiliza más el crimen que la amoralidad y la ilimitación para conseguir lo que algunos se propongan, incluso matando a diestro y siniestro.

Porque siniestra fue la matanza del 11-M-en el más amplio sentido de la zurda radical-sabemos por las consecuencias sobre el origen de los males que hoy padecemos pero los diversos intereses convienen en el silenciamiento de las malas artes, en pos de la meta conjunta que unos pocos acordaron para imponer un drástico cambio institucional. En todas partes cuecen habas y España no iba a ser diferente.

El caso de Kiko Gómez es una variante de los propios nuestros; algunos tan sanguinarios que no nos diferenciamos en nada de otros países lejanos. España es como Venezuela y Colombia; sólo nos falta sacar las armas sin disimulo.

En este siglo XXI el crimen es una genialidad para gentes sin escrúpulos ya que se pueden encubrir las intenciones bajo el disfraz de la democratización de cualquier credo radical. La mentalidad de los que son proclives a pergeñar crímenes contra su prójimo, tiene mucho de virtuosismo ahora que se da la cara con la palabra ocultando las pistolas. El talento de muchos tramposos es de una capacidad ilimitada que sólo la ausencia de conciencia posibilita en el más amplio espectro de los sucios logros. El juego limpio es cosa de tontos y más en la política donde todo el mundo se guarda un as en la manga, esperando el momento propicio para ejercer la trampa. Esa misma trampa es la que dicen que se ha cernido sobre un representante democrático en Colombia, querido por la ciudadanía que lo eligió, y que pasa por un calvario en el que se sabe que sus derechos humanos han sido vulnerados, atrapado en una campaña de cruel descrédito que le ha llevado a la cárcel. Por el contrario sus detractores lo acusan de institucionalizar el crimen organizado con relaciones directas al narcotráfico y traficantes peligrosos como Marcos Figueroa, Marquitos. 

¿Qué hay de verdad y de mentira en este infierno colombiano cuyo máximo exponente es el homicidio de decenas de personas? El escritor español, Manuel Lara, ha desmenuzado el conglomerado y ha esparcido las partes para que se reconozca una verdad oculta que subyace cuando se enjuician a personas indefensas. “El caso Kiko Gómez. Verdades y mentiras” de la editorial PR Ediciones es un valiente alegato por la libertad de expresión que en ocasiones amordaza a las víctimas propiciatorias de la corrupción.

Como he dicho-más vale repetir lo que se ha callado durante décadas favoreciendo finalmente la ruina de España en manos de maleantes escudados tras la res política-, sólo hay un caso de persona encarcelada injustamente por un Estado que provocó un vergonzante latrocinio contra quien fue declarado inocente sin devolverle nada de su patrimonio delictivamente robado durante el felipismo: José María Ruiz-Mateos. Alguien pagó los silencios como las mentiras e influyó sobre el cuarto poder para volver a condenarle con el descrédito. En Colombia puede que hagan lo mismo pero afrentando a los mismos políticos que pretenden luchar contra la corrupción.

Lo que sucede con el Gobernador de la Guajira es como una crónica de una muerte anunciada elevada a la décima potencia de la complejidad sociopolítica que en Colombia es harto enrevesada como truculenta.

Los medios de comunicación han abierto una caja de Pandora que ha influido sobre la Justicia sin que el acusado haya tenido ocasión de defenderse. En España los delincuentes políticos salen exonerados de responsabilidad criminal siempre y cuando se hayan ostentado cargos de poder absoluto. En Colombia cabe la posibilidad de que los políticos íntegros sean víctimas de trampas pergeñadas por adversarios que manipulan el periodismo para ejercer influencia sobre la Justicia, pendiente de las informaciones falsas que pueden aparecer como cebos. Kiko Gómez podría ser un asesino o no, porque no le han dado ocasión a defenderse de imputaciones grotescas basadas en bulos o informaciones no contrastadas. Se le acusa de haber ordenado la muerte de adversarios políticos y haberse mezclado con influencias criminales para llevar a cabo planes ocultos al más puro estilo mafioso.

El Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos dictó sentencia favorable a José María Ruiz-Mateos condenando al gobierno felipista. El Gobernador de la Guajira muy seguramente haya de acudir a cortes internacionales para obtener un mínimo de garantía procesal que la justicia de su país le ha negado.

La experiencia dicta que no es buena la indefensión contra un ciudadano representativo ,porque detrás de la ejecución personal llega la colectiva y nunca hay suficiente tiempo para arrepentirse obligados a asumir las consecuencias. La presunción de inocencia es vital para entender el proceso de nuestras propias libertades individuales. Muchos son los españoles que piensan que por la delictiva expropiación encubierta, todos terminamos arrostrando las consecuencias económicas de tanto desmán y corrupción encubiertos jurídicamente. Acaso en Colombia estén tratando del mismo modo al inocente. Todo se verá, pero el derecho a la defensa no puede ser vulnerado por un juicio sumarísimo que deje en indefensión al blanco de tretas con estilo del felipismo, del zapaterismo y demás lacras. Luego sabemos cómo terminamos. En Colombia aún peor… igual que en España, a este paso, en próximo futuro.