Cuando los pacientes de las EPS mueren sin atención.

 

Tomado de: http://www.eltiempo.com/

 

Juan Gossaín publica 'un resumen' de la lista de muertos por culpa del 'espere la orden de la EPS'.

Si en las regiones llueve, en Bogotá está cayendo el diluvio universal: no hay rincón de Colombia, grande o pequeño, que se salve de la crisis por la que atraviesa el sistema de salud, que ya hizo metástasis, como una enfermedad dañina, en el cuerpo entero del país, y que lo invade todo, desde las aldeas que se arraciman en la orilla del mar hasta las imponentes ciudades de la montaña o de la llanura.
El barrio La Victoria, por ejemplo, es uno de los sectores populares más pobres y vulnerables del sur de Bogotá. El 4 de enero pasado, en el Hospital de La Victoria, le extirparon un cáncer de colon a un paciente de doce años. No fue posible cerrarle la herida quirúrgicamente. A los tres días, su padre, el ciudadano Oswaldo Torres Hormaza, imploró con angustia que examinaran a su hijo porque expedía mal olor.
Los médicos ordenaron su traslado inmediato a una unidad de cuidados intensivos pediátricos, pero nadie les hizo caso. Fue entonces cuando el padre, desesperado, llamó por teléfono a la línea de urgencia de la Personería Distrital pidiendo ayuda. Los personeros llamaron al hospital. Tengo en mis manos la grabación de aquel diálogo. Cada vez que la oigo siento que algo me está quemando en la cabeza.
–Huy, nooooo, conque mucha Personería y todo –contesta, burlándose, una voz de mujer.
–Huy, qué miedo –repite otra, que pasó a la línea–. La Personería, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, todas las ‘ías’. Qué miedo. Un día de estos les hacemos una huelga.
Y colgó el teléfono. Vuelven a llamar y vuelven a colgarles. Mientras tanto, el enfermo agonizaba. Ante esa actitud, los personeros llamaron directamente al gerente del hospital, quien dispuso que al amanecer del día siguiente el muchacho fuera trasladado al Hospital Santa Clara.
Así se hizo, pero de La Victoria no enviaron la historia clínica del paciente, por lo cual se retrasó la operación urgente que requería. El tiempo apremiaba. Los funcionarios de la Personería se vieron obligados a intervenir de nuevo, obtuvieron por fin una copia en disco compacto y la enviaron al Santa Clara.
Cuando llegaron, el joven Torres acababa de morir.
Las denuncias roncan en la Fiscalía
El caso anterior es apenas un ejemplo de lo que ocurre diariamente en Bogotá y todo el país. Hasta mediados de enero el personero de Bogotá, Ricardo Cañón Prieto, había entablado dieciocho denuncias penales por muerte de pacientes a causa de la falta de atención en instituciones de salud.
Entre los denunciados están funcionarios y directivos de los hospitales de Fontibón, El Tunal, Engativá, Santa Clara y La Victoria, además de las clínicas Nicolás de Federmán, Médicos Asociados, Veraguas, Jorge Piñeros y Palermo. Las denuncias de la Personería también incluyen a empresas de salud (EPS) como Saludcoop, Capital Salud, Unicajas, Caprecom, Nueva EPS, Solsalud, Cruz Blanca, Coosalud, Humana Vivir y Colsubsidio.
“Las denuncias no han avanzado mayor cosa en la Fiscalía –comenta el señor Cañón –porque, según nos dicen, no tienen antecedentes en este tipo de denuncias. Pero ya estamos trabajando con la Procuraduría para ejercer vigilancia especial y, si fuese necesario, nosotros mismos contrataríamos con firmas profesionales la búsqueda de pruebas”.
En ese sentido, el personero Cañón se reunió hace unos días con el director seccional de Fiscalías para llamar su atención por la falta de avances, pero, también, para que se destine un fiscal especial en estos casos. “Cómo será nuestra indiferencia ante la crisis de la salud”, me dice el personero, “que Colombia tiene fiscalías delegadas para todos los temas: de narcotráfico y lavado de activos, de justicia y paz, de terrorismo, de derechos humanos y hasta una fiscalía delegada para el robo de automóviles, pero en cambio no hay una para la salud”.
La brigada nocturna
Cañón es un hombre de carácter recio, bajito y delgado, de media calvicie, con una melena que le corre nuca abajo y anteojos redondos. Dondequiera que va carga una mochila llena de papeles. Crecían tanto las quejas y protestas de la gente por el tema de la salud que, hace casi dos años, en mayo del 2012, resolvió poner en marcha un plan de trabajo que parecía sacado de una película de comandos: grupos de cinco o seis funcionarios aparecen de sorpresa, a la medianoche, en los servicios de urgencia de los hospitales bogotanos, todos los días del año.
Fue así como descubrieron la terrible historia de lo que pasa con los afiliados de Caprecom, la empresa de salud más grande del régimen subsidiado, la de los colombianos más pobres, la que para atenderlos recibe plata del Estado.
Gracias a información suministrada por las autoridades de salud de Bogotá, la Personería encontró 122 casos de personas hospitalizadas que murieron esperando que Caprecom ordenara atenderlas. La orden llegó tarde o no llegó nunca.
La carrera contra la muerte
Los doctores pidieron autorización de dicha EPS para intervenir de urgencia a un bebé que tenía una hora de nacido. La autorización llegó catorce días después, cuando el niño había fallecido. En el caso de los pacientes muertos por la desatención de Caprecom, como la Personería no tiene facultades para sancionar a los funcionarios de esa entidad, lo que hicieron fue remitir la información a la Fiscalía, la Secretaría de Salud de Bogotá y la Superintendencia Nacional de Salud. Hasta el sol de hoy, nadie ha hecho nada.
“El sistema de salud solo se justifica –agrega el personero Cañón– cuando presta un servicio digno y oportuno al ciudadano. El usuario es el eje del sistema. Los aspectos económicos y administrativos no son un fin, sino un medio. El único fin verdadero es el usuario”.
A continuación presento una lista de siete personas, tomadas al azar entre las 122 que fallecieron en diversos hospitales bogotanos, mientras esperaban la autorización de Caprecom para atenderlas.
No olviden que, según las normas legales, a las que nadie hace caso, la orden para una cita médica no puede demorar más de tres días. Fíjense ustedes en las fechas en que se solicita la autorización de la EPS y la fecha de la muerte. Miren cuántos días han pasado en cada caso entre una fecha y la otra sin que la orden hubiera llegado.
La lista del dolor
1– Jorge Tulio García Cardona. 59 años. Hospital de Fontibón. Médicos piden a Caprecom la orden para trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos el 23 de mayo del 2013. Murió el 6 de agosto. Habían pasado tres meses. La orden nunca llegó.
2– Héctor Horacio Hueso Benito. Hospital Simón Bolívar. Piden la orden para una consulta de control renal el 27 de noviembre del 2012. Murió el 12 de febrero del 2013. Esperó 2 meses y medio.
3– Noemí Largo de Lozano. 58 años. Hospital Simón Bolívar. El 7 de diciembre del 2012 piden orden para extirparle un tumor. Murió el 15 de febrero del 2013. Pasaron 2 meses y una semana.
4– Identificado como Arismendi Arismendi. 58 años. Hospital Simón Bolívar Radiografía y lavado de bronquios. Solicitud: 11 de julio del 2012. Murió el 15 de septiembre. Dos meses y cuatro días de espera.
5– Norbeyi Álvarez Corso. 5 meses de nacida. Hospital Simón Bolívar. Solicitan orden para radiografías del tórax el 2 de enero del 2013. Fallece el 18 de febrero. Esperó un mes y medio.
6– Héctor Salazar Salinas. 50 años. Hospital Santa Clara. Solicitud para exámenes de tumor nasal el 11 de julio del 2013. Fallece el 21 de agosto. Un mes y diez días.
7– Cristóbal Forero. 57 años. Hospital de Engativá. Orden para consulta médica por primera vez. Se pidió el 6 de abril del 2013 y murió el 6 de mayo. Un mes exacto.
Lo que ustedes acaban de leer es un resumen apretado de la lista completa, que contiene 115 casos más. Van desde recién nacidos hasta ancianos de 90 años, pasando por muchachos de 25. Quién sabe cuántos de ellos se habrían salvado si la orden de atenderlos hubiera llegado a tiempo. No llegó nunca, ni siquiera a destiempo.
Epílogo
“Las visitas nocturnas a los hospitales –comenta el personero Cañón– nos han enseñado que una cosa es hablar del derecho a la salud, como tema de foros y seminarios, y otra cosa es encarnar ese derecho. Encarnarlo literalmente, quiero decir: de carne y hueso. Tenemos que salir a la calle a buscar a la gente. Para eso nos pagan”.
Cañón no se anda con rodeos: “Eso que le dicen al enfermo en el hospital, ‘espere la orden de la EPS o garantice usted el pago’, eso es lo que está matando a la gente”.
Según la Constitución Nacional y las leyes, el ciudadano tiene derecho a que clínicas y hospitales le expliquen por qué no lo atienden oportunamente. Además, la Superintendencia de Salud estableció un formulario que deben llenar esas instituciones cuando niegan un servicio. De lo contrario, un juez podría penalizarlas.
Hasta ahora, que se sepa, no han sancionado a nadie por ese motivo.
JUAN GOSSAÍN